POR MARCO ANTONIO TINOCO VENERO Gerente General de Bedoya y Venero
Propuestas de Organismos competentes para el eje de Cambio Climático
Medidas que se proponen desde el Ministerio del Ambiente
Se requiere fortalecer las acciones nacionalmente adecuadas de mitigación NAMAs en los sectores Transporte, Energía, Construcción Sostenible y Residuos, esto quiere decir impulsar la implementación de las medidas de mitigación que se hayan aprobado en cada NAMA, financiándolas y haciéndolas mandatorias en cuanto a sus metas, en sus respectivos sectores.
El uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) es importante por su vinculación con la agricultura asociada a la seguridad alimentaria y la conservación de bosques; la conversión de suelos con vocación distinta para la agricultura ha generado al 2014, emisiones por 42 375,41 GgCO2eq (gigagramos de CO2 equivalente), recordemos además que de acuerdo al Informe Bienal de Actualización[1], el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) indica que las emisiones totales del país ascienden a 167 629,8 GgCO2eq. De este resultado, el 44.9 % corresponde al sector USCUSS[2] y el 30 % al sector Energía, siendo los que más aportan en emisiones en el país[3].
Los cultivos que vienen provocando gran parte del cambio de uso de suelos son el café y el cacao, el café es el cultivo de mayor cobertura en la Amazonía (ocupa el 25% del área agrícola) y está fuertemente vinculado a procesos de deforestación de la región, los cuales son responsables de fuertes emisiones de GE[4], sin embargo, constituyen cultivos beneficiosos económicamente para comunidades de la selva del Perú, en ese sentido, se hace necesario que se propongan y estimulen medidas de mitigación nacionalmente adecuadas (NAMA) sobre estos cultivos, que ya fueron anteriormente planteados como iniciativas por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente.
Las medidas de reducción y mitigación de GEI deben estar orientadas a generar cobeneficios relacionados a la reactivación económica y estructuradas de modo que permitan una medición transparente de su progreso e impacto, en ese sentido los mecanismos de monitoreo, reporte y verificación (MRV), deben estar alineados a los sistemas y mecanismos de recolección de información, supervisión y fiscalización ambiental, pero sobre todo, funcionar y vincularse con reportes automatizados que alimenten los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.
La inversión pública asociada a evitar, reducir y mitigar emisiones debe ser impulsada e incluir proyectos que aun no siendo dedicados específicamente a reducir emisiones, lo hagan como resultado colateral o lo realicen con la incorporación de un componente adicional, para esto es necesario ampliar el alcance de la tasa social de descuento por reducción del carbono (Tasa social del carbono), establecida por el MEF en 7.17 dólares por tonelada de carbono reducida o mitigada[5]; esta tasa podría ser aplicada a proyectos que con medidas adicionales pueden reducir emisiones a la vez que generan oportunidades de negocios o activan cadenas de suministros.
Medidas que se proponen desde los Sectores Productivos y de Servicios
Los reportes anuales de gases de efecto invernadero (RAGEI) que alimentan los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (INGEI), requieren una calidad mejor de información, más detallada, más precisa y transparente, de modo que podamos modelar los escenarios futuros de emisiones, así como los cobeneficios que las medidas de mitigación generan.
Los compromisos para la reducción de emisiones han venido estando muy vinculados al financiamiento externo y a las modificaciones presupuestales que cada sector o entidad realiza para poder apalancar o promover medidas de mitigación; en este sentido, es necesaria la creación de un programa presupuestal dedicado a la reducción de emisiones, con la finalidad de organizar la medición del gasto en reducción de emisiones y los cobeneficios de esta.
Cerrar la brecha de electrificación rural es imprescindible para no solo asegurar el acceso a electricidad de las poblaciones de zonas alejadas de las ciudades, sino para propiciar que se dejen de usar combustibles fósiles y se generen emisiones, así como riesgos en la manipulación de equipamiento sin ningún tipo de estandarización ni control; la electrificación rural sin conexión a la red (off grid) además permitirá movilizar una cadena de negocios vinculada a las energías renovables.
3. Medidas que se proponen desde los espacios multilaterales
La regulación de los mercados de carbono para una reducción colaborativa de gases de efecto invernadero es algo que quedó pendiente en la COP 25 en Madrid (2019) propiciar este mercado como bloque latinoamericano permitirá acceder a mejores condiciones de apalancamiento para las medidas nacionales de reducción de emisiones, para esto es necesario también proponer una medición conjunta de aporte por bloques de países, en especial de los países de Sudamérica, asimismo, se debe exigir como bloque que los países que tienen emisiones mayores en el mundo deban ser parte de los acuerdos de reducción de estas, de otro modo, los esfuerzos que hagan América Latina, los países de Europa y África serán meramente marginales.
Los reportes científicos sobre cambio climático, acerca de la necesidad de preservar los espacios de vida silvestre y evitar el comercio de fauna silvestre, se ven ahora coherentes y ciertos por quienes se mostraban contrarios a estos, ya que la actual pandemia ha demostrado que no eran exageraciones, sin embargo, la representación científica es muy limitada en los espacios de diálogo multilaterales.
La Organización Marítima Internacional cuenta con una estrategia encaminada a eliminar gradualmente los gases de efecto invernadero y las emisiones de dióxido de azufre[6]en el marco del El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL).
[1] Los Informes Bienales de Actualización (BUR, por sus siglas en inglés) son reportes que presentan los países en vías de desarrollo cada dos años a la CMNUCC en virtud de la Decisión 2 de la Conferencia de las Partes (COP) 17, Durban, Sudáfrica.
[2]La nomenclatura de sector corresponde en este caso a la agrupación de actividades que generan o absorben emisiones de GEI.
[3] Ministerio del Ambiente, Segundo Informe Bienal de Actualización, Perú, 2019.
[4] CGIAR, Research Programo on Climate Change, Agriculture and Food Security, disponible en https://ccafs.cgiar.org/es/hacia-estimacion-linea-base-avances-disenonama- cafe-peru#.Xuldq0VKiM9, al 16 de junio 2020
[5] Resolución Directoral N° 001 – 2019 –EF/63.01
[6] Asociación Peruana de Agentes Marítimos, disponible en: https://www.apamperu.com/web/la-decision-de-la-omi-sobre-la-entrada-en-vigor-del-convenio-marpol-esinamovible/
POR MARCO ANTONIO TINOCO VENERO Gerente General de Bedoya y Venero
Propuestas de Organismos competentes para el eje Economía Circular
Medidas que se proponen desde el Ministerio del Ambiente
La economía circular es una economía colaborativa, en la que la transparencia y el uso de datos y tecnología compartidos genera menores esfuerzos y mayores beneficios mediante la servitización de productos y la desmaterialización; en ese sentido, propiciar el uso compartido de la información de líneas bases (no solo por SENACE), de las tecnologías de monitoreos ambientales y de resultados de análisis de teledetección, va a permitir un menor contacto personal y menores contagios de enfermedades, así como una intervención menor en las zonas cercanas o dentro de las comunidades, especialmente en cuanto a los sectores extractivos.
Existen normas que incluyen medidas para propiciar una economía circular, pero aún no se han propuesto mecanismos para medir la circularidad a nivel de los gobiernos locales y a nivel nacional, por lo menos en cuanto a la extensión del valor y el periodo de uso de los materiales en función del consumo doméstico y la generación de residuos sólidos: BCD/RRSS, incorporando medidas distintas y adicionales al reciclaje.
Medidas que se proponen desde los Sectores Productivos y de Servicios
Actualmente se han generado metodologías para la medición de la circularidad y las casas acreditadoras vienen desarrollando estándares para certificar esta en las organizaciones; por otra parte el Circularity GAP Report[1] arrojó que el mundo ha alcanzado apenas un nivel de circularidad de 8.6% el 2019, menor que el 9% logrado el 2018, esta métrica incluye el consumo de materiales, la cantidad de emisiones generadas, así como el tipo de actividades (extractivas, productivas o de servicios) en las cuales son utilizados los materiales y generadas, evitadas, reducidas o mitigadas las emisiones, relaciona también el consumo de recursos como metales y la generación de valor a partir de estos (por ejemplo, La maquinaria de alto valor consume más del 50% de todos los metales y representa el 13% de la creación de valor globa[2]); en tal sentido, es necesario que Perú y los países de Latinoamérica generen y tengan disponible la información necesaria para poder medir la circularidad y que los sectores establezcan la medición de la relación entre el consumo de insumos no esenciales para la producción y la producción en sí (CBNEP/P), así como la relación de CBNEP y residuos sólidos generados (CBNEP/RRSS).
El siguiente paso de cada uno de los sectores deberá ser crear metas de circularidad para generar los compromisos necesarios por parte del Estado y de las empresas.
Medidas que se proponen desde los espacios multilaterales
Como se ha explicado anteriormente, existen iniciativas globales para medir la circularidad de las empresas y los países; reportar a algunas de estas, como la Iniciativa de Reporte de Brechas para la Circularidad (Circularity Gap Reporting Initiative) presentado para los años 2018 y 2019 en el Foro Económico Mundial de Davos, de hecho el 2017, este Foro lanzó la Plataforma para Acelerar la Economía Circular[3] (PACE por sus siglas en inglés), como una plataforma para que tanto los líderes de los sectores público y privado tomen compromisos y aceleren acciones colectivas hacia una economía circular; en este ámbito, es necesario que los países de Latinoamérica incluyan iniciativas de circularidad a través de acciones nacionalmente determinadas y enfocadas en sectores clave, enfocadas principalmente en los recursos no renovables, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.
La Coalición Global para Acción sobre el Plástico (Global Plastic Action Partnership) del Foro Económico Mundial, es una plataforma de colaboración pública y privada lanzada el 2018 que permitirá la transición de compromisos en estrategias tangibles y planes de acción para la inversión efectiva; tomando en cuenta esto, es necesario que las medidas referidas a la comercialización de productos de plástico y los que incluyan empaques de un solo uso se aborden en bloque como Latinoamérica, tanto a nivel ambiental como de comercio.
Reforzar la participación de Perú en la Urban European and Latin American and Caribbean Cities” (URBELAC) organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Europea, con miras a la implementación conjunta de medidas que permitan la migración hacia una economía circular.
La Coalición de Economía Circular, que fue una de las ocho decisiones tomadas en la XXII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 2021, estará coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de la ONU y encabezado por un comité directivo conformado por 4 representantes gubernamentales de alto nivel, comenzando por Colombia, Costa Rica, Perú y República Dominicana para el período 2021-2022[4]. Fortalecer la Coalición permitirá implementar un enfoque de economía circular mediante el trabajo colaborativo entre gobiernos, empresas y la sociedad en su conjunto y contribuirá a reducir el uso de materias primas hasta 99% y, de esa manera, contribuir a proteger la biodiversidad[5].
[1] Reporte global de brechas de circularidad del año 2019, disponible en: https://www.circularity-gap.world/press al 18 de junio de 2020.
[2] Reporte global de brechas de circularidad del año 2019, disponible en: https://www.circularity-gap.world/press al 18 de junio de 2020.
[3] Más información en: World Economic Forum, disponible en https://www.weforum.org/projects/circular-economy
[4] Más información en: Diario Oficialelperuano disponible en: https://elperuano.pe/noticia/114578-america-latina-y-el-caribe-se-comprometen-a-recuperacion-verde-e-inclusiva
[5] Más información en: Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente disponible en: https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/los-ministros-de-medio-ambiente-de-america-latina-y el?fbclid=IwAR0Vf7imhNjepvpfc9eSP4IYjKy3gbh_7TKxO7jUMWIuz5JhehphdHwCgSI
En el estudio Breaking the plastic wave o rompiendo la ola del plástico, realizado por la The Pew Charitable Trust, Ellen MacArthur Foundation, la Universidad de Oxford y otros actores más, se muestran 10 hallazgos respecto a las condiciones que ha generado y que puede generar el plástico en los mares.
Al 2040 podríamos triplicar la cantidad de plástico que se botaría anualmente en los mares respecto al 2016, siendo esta cantidad de 29 millones de toneladas en el año 2040.
Pese a las medidas y políticas adoptadas hasta ahora, la reducción de plástico que se bote en el mar solo llegaría al 7% para el año 2040, respecto a la proyección de la cantidad anual que se botaría si es que no se hace nada.
Tenemos dos tipos de soluciones, estas son las soluciones ascendentes (procuran generar un impacto de mayor valor incrementando la vida útil de los materiales sin requerir transformación, incluyendo la sustitución de un material por otro de menor riesgo) y las soluciones descendentes (involucran principalmente al reciclaje y en el último de los casos a la disposición final para eliminar un residuo).
El estudio nos dice que atacar los extremos de la cadena, es decir desde evitar la producción y el uso hasta mejorar la gestión básica, como evitar la quema y mejorar la disposición final, esto ayudará a reducir cerca del 80% la proyección de plástico vertido al mar en el año 2040.
Se necesita más inversión en investigación y desarrollo en temas como la recolección de residuos de zonas rurales, los plásticos flexibles y de múltiples materiales (como los sachets, el tetrabrick) y en tercer lugar los microplásticos provenientes del desgaste de neumáticos.
Aplicar las medidas combinadas puede generar un ahorro de hasta 70 mil millones de dólares en el mundo, de los cuales 36 mil millones de dólares se ahorrarían en países de bajos y medianos ingresos.
Desacoplar el plástico del desarrollo económico: Si se aplican las medidas combinadas que se han citado anteriormente podemos cubrir la demanda de plástico del 2040 con aproximadamente la misma cantidad que hoy existe en el sistema, y además podríamos requerir 11% menos plástico virgen.
Las medidas a nivel global deben priorizarse de manera que sean localmente viables y dedicadas a los tipos de plástico sobre los que se presente mayor viabilidad en el ámbito geográfico (país o región) más adecuado.
Para el 2040 se crearán 700 mil puestos de trabajo en países de medianos y bajos ingresos, trabajos ligados al reciclaje, el delivery, cadenas de retorno de responsabilidad extendida del productor, entre otros. Se estima además que el 25% de las emisiones relacionadas al plástico podrán ser evitadas en el 2040.
Un retraso de 5 años en la aplicación de medidas puede significar 80 millones de toneladas de plástico en el mar adicionales a los 29 millones proyectados en el 2040.
Como hemos visto, no es la falta de tecnología lo que nos detiene, sino el emprendimiento de políticas, los marcos regulatorios desfasados y mecanismos de financiamiento insuficientes o inexistentes.
